Caso Cerimedo: ¿qué espera el Congreso para investigar la presunta intervención en las elecciones peruanas?

Las revelaciones sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo y su relación con un sistema de conteo paralelo de votos han encendido las alertas. Dos bancadas parlamentarias ya plantearon crear comisiones investigadoras, pero las propuestas todavía esperan avanzar. ¿Qué se necesita esclarecer y por qué este caso es tan delicado para la democracia peruana?

El caso del consultor político argentino Fernando Cerimedo sigue generando preocupación en el escenario político peruano. Nuevas revelaciones periodísticas sobre su participación en un sistema de seguimiento paralelo de votos durante la segunda vuelta presidencial de 2026 han puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta importante: ¿hubo una intervención política o tecnológica que todavía no ha sido explicada?

No se trata de cuestionar los resultados electorales sin pruebas. Se trata de esclarecer quiénes participaron, qué recursos utilizaron, quién financió las operaciones y si existieron coordinaciones con personas vinculadas a la campaña de Keiko Fujimori.

¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué aparece en este caso?

Fernando Cerimedo es un consultor político argentino y estratega digital que ha participado en campañas políticas de distintos países de Latinoamérica. También es fundador del medio digital La Derecha Diario.

Su nombre comenzó a generar controversia en Perú por las informaciones sobre sus contactos con personas cercanas al entorno político de Keiko Fujimori y su presunta participación en estrategias digitales relacionadas con las elecciones de 2026.

Uno de los puntos que requiere mayor explicación es la plataforma denominada Ojo de Cóndor, un sistema que permitió realizar un seguimiento paralelo de actas electorales durante la segunda vuelta presidencial.

Ojo de Cóndor: el punto más delicado de la investigación

El 14 de noviembre, una investigación de La República reveló nuevos detalles sobre una conversación entre Cerimedo y Wilson Gómez Barrios, empresario y exoficial de la Marina, quien confirmó haber mantenido esa comunicación.

Según la publicación, Gómez Barrios reconoció que la Asociación Unión Naval contrató un programa de inteligencia artificial relacionado con el seguimiento de las actas electorales, en el que Cerimedo habría participado como asesor.

En la grabación se escucha a los interlocutores conversar sobre los resultados de una muestra de actas y las proyecciones de votos que favorecerían a Keiko Fujimori.

También se mencionan coordinaciones sobre las actas pendientes de revisión y la necesidad de transmitir determinados mensajes a Fuerza Popular.

¿Por qué esto es importante?

Porque una cosa es que ciudadanos y organizaciones realicen un conteo independiente para verificar los resultados electorales, algo que por sí solo no constituye una irregularidad, y otra muy diferente es que ese sistema haya sido utilizado para coordinar acciones políticas, influir en decisiones partidarias o desarrollar operaciones de desinformación.

Precisamente, esa diferencia es la que debe investigarse.

¿Qué relación existió con el entorno de Keiko Fujimori?

Otro aspecto que necesita aclaración son los contactos entre Cerimedo y personas vinculadas al entorno de la actual presidenta.

Investigaciones periodísticas anteriores señalaron encuentros y comunicaciones con Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, asesores relacionados con Fujimori.

También se informó sobre la coincidencia de Cerimedo y Keiko Fujimori en un evento realizado en Mar-a-Lago, Estados Unidos, en febrero de 2026.

La presidenta, por su parte, había negado anteriormente que Cerimedo participara en su campaña electoral.

Por eso, resulta necesario establecer si existió una relación profesional, política o contractual, qué servicios se habrían prestado y si hubo pagos o acuerdos durante el proceso electoral.

Hasta el momento, estos vínculos no demuestran por sí mismos una intervención ilegal, pero sí constituyen asuntos que merecen una explicación documentada.

Dos iniciativas en el Congreso para investigar el caso

La controversia ya llegó a la Cámara de Diputados.

La bancada de Obras presentó una iniciativa para investigar durante 120 días la posible participación de Cerimedo en las elecciones peruanas.

Posteriormente, el 10 de noviembre, la congresista Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, presentó la Moción de Orden del Día N.° 00981-2026-2031-CD, que plantea crear una Comisión Investigadora Multipartidaria por un periodo de 180 días.

Entre los temas que se busca esclarecer figuran:

• La posible participación de Cerimedo en la campaña presidencial de 2026.
• Los vínculos y comunicaciones con personas cercanas a Fuerza Popular.
• El funcionamiento, financiamiento y contratación del sistema Ojo de Cóndor.
• La posible utilización de herramientas digitales para influir en la opinión pública.
• La existencia de pagos, contratos o coordinaciones con operadores políticos.
• La eventual participación de personas o entidades públicas en estas actividades.

La moción de Juntos por el Perú figura como pendiente de trámite, por lo que la creación de esta comisión todavía no debe darse por aprobada.

¿Por qué es tan grave que este caso no se investigue?

La gravedad del caso no radica únicamente en el nombre de un consultor extranjero o en sus relaciones políticas. El problema de fondo es la posibilidad de que estructuras digitales, operadores externos y herramientas tecnológicas puedan intervenir en un proceso electoral sin que la ciudadanía conozca quién está detrás de ellas.

Las elecciones deben ser transparentes y contar con autoridades que garanticen la legalidad de cada etapa del proceso.

Si existieron operaciones para manipular información, desacreditar resultados oficiales o influir en decisiones políticas mediante mecanismos ocultos, es necesario identificar a los responsables.

Además, dejar sin respuesta estas interrogantes puede alimentar la desconfianza ciudadana en las instituciones electorales.

La democracia no solamente depende de contar los votos. También necesita que los ciudadanos tengan la certeza de que las campañas, las organizaciones políticas y los actores involucrados respetan las reglas.

A continuación, compartimos un video que aborda esta controversia y ayuda a poner en contexto un caso que no debería quedar sin investigar.

La ciudadanía merece respuestas

La creación de una comisión investigadora no significa declarar culpable a Fernando Cerimedo ni anticipar responsabilidades de la presidenta o de cualquier integrante de Fuerza Popular.

Significa permitir que se conozca la verdad mediante documentos, testimonios, contratos, registros de comunicaciones y toda la información que resulte pertinente.

El artículo 97 de la Constitución establece la facultad del Congreso para iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público.

Por eso, ante las nuevas revelaciones, no basta con declaraciones políticas o desmentidos. Se necesitan explicaciones verificables.

¿Qué espera el Congreso para debatir y esclarecer el caso Cerimedo?

La transparencia electoral no puede depender de la conveniencia de un partido político. Si no hubo irregularidades, una investigación permitirá demostrarlo. Y si existieron responsabilidades, el país tiene derecho a conocerlas.

Lo que no debería ocurrir es que un caso que involucra posibles operaciones digitales, actores políticos y el desarrollo de las elecciones presidenciales termine sin una investigación seria.